La relación entre política, legislación y seguridad vial vuelve a situarse en el centro del debate público. El PSOE ha dado un paso adelante con una propuesta que puede tener un impacto directo en miles de conductores en España: modificar los límites de velocidad a partir de los cuales un exceso deja de ser una infracción administrativa para convertirse en delito penal.
La iniciativa, registrada recientemente en el Congreso, apunta directamente al artículo 379 del Código Penal. El objetivo es claro: reducir los márgenes actuales y endurecer el marco legal frente a los grandes excesos de velocidad. Una decisión que, de salir adelante, acercará la posibilidad de penas de prisión a conductas que hasta ahora se resolvían con multas y pérdida de puntos.
5Mismas penas, más conductas castigadas
Un aspecto clave de la propuesta es que no se modifica el catálogo de penas. El PSOE mantiene intactas las sanciones previstas: prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En todos los casos, además, se contempla la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.
La diferencia está en el alcance de la norma. Al reducir los umbrales de velocidad delictiva, más conductores podrían tener que enfrentarse a consecuencias de tipo penal. No se castigaría más duro, pero sí a más personas, lo que supone un endurecimiento efectivo del sistema.
