La obligatoriedad de la baliza V16 se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos del panorama político y del mundo del motor en España. Lo que nació para mejorar la seguridad vial y reducir atropellos en carretera ha terminado derivando en un intenso enfrentamiento entre PP y PSOE, con acusaciones cruzadas sobre el verdadero objetivo de esta normativa.
Desde el Partido Popular denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido una medida de seguridad en una herramienta recaudatoria, con una cifra que ha encendido las alarmas: el Ejecutivo ingresaría más de 300 millones solo por el IVA de la venta de las balizas. El PSOE, por su parte, defiende la necesidad de modernizar la señalización de emergencia y priorizar la protección de los conductores.
6El debate entre seguridad, coste y confianza ciudadana
Más allá del enfrentamiento político, la polémica de la baliza V16 refleja un problema de fondo: la desconfianza de una parte de la ciudadanía hacia las decisiones que afectan a su bolsillo. Cuando una medida de seguridad se traduce en un gasto obligatorio, el debate deja de ser técnico y pasa a ser económico y social.
Muchos conductores aceptan la necesidad de mejorar la seguridad, pero reclaman mayor transparencia y apoyo institucional. Subvenciones, reducción del IVA o incluso la entrega gratuita de la baliza son algunas de las alternativas propuestas para rebajar la tensión. La V16 ya no es solo un dispositivo de emergencia: se ha convertido en el símbolo de un choque político y económico que promete seguir dando que hablar.
