La obligatoriedad de la baliza V16 se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos del panorama político y del mundo del motor en España. Lo que nació para mejorar la seguridad vial y reducir atropellos en carretera ha terminado derivando en un intenso enfrentamiento entre PP y PSOE, con acusaciones cruzadas sobre el verdadero objetivo de esta normativa.
Desde el Partido Popular denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido una medida de seguridad en una herramienta recaudatoria, con una cifra que ha encendido las alarmas: el Ejecutivo ingresaría más de 300 millones solo por el IVA de la venta de las balizas. El PSOE, por su parte, defiende la necesidad de modernizar la señalización de emergencia y priorizar la protección de los conductores.
5La postura del PSOE y la defensa de la seguridad vial
Desde el PSOE insisten en que la baliza no es una medida recaudatoria, sino una apuesta por la seguridad vial. Argumentan que los atropellos en carretera siguen siendo una de las principales causas de mortalidad y que cualquier avance tecnológico que reduzca el riesgo debe ser bienvenido, incluso si implica una inversión inicial para el conductor.
El Ejecutivo también recuerda que la baliza V16 conectada permitirá a la Dirección General de Tráfico (DGT) gestionar mejor la circulación y avisar a otros usuarios de la presencia de un vehículo detenido. Para el Gobierno, el beneficio colectivo en términos de seguridad justifica la implantación de la medida, aunque reconocen que ha generado un debate político intenso.
