La obligatoriedad de la baliza V16 se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos del panorama político y del mundo del motor en España. Lo que nació para mejorar la seguridad vial y reducir atropellos en carretera ha terminado derivando en un intenso enfrentamiento entre PP y PSOE, con acusaciones cruzadas sobre el verdadero objetivo de esta normativa.
Desde el Partido Popular denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido una medida de seguridad en una herramienta recaudatoria, con una cifra que ha encendido las alarmas: el Ejecutivo ingresaría más de 300 millones solo por el IVA de la venta de las balizas. El PSOE, por su parte, defiende la necesidad de modernizar la señalización de emergencia y priorizar la protección de los conductores.
4El contexto económico y la presión sobre la clase media
Las críticas del PP no se limitan solo a la baliza. El debate se enmarca dentro de una acusación más amplia sobre la política fiscal del Gobierno de Sánchez. Los populares hablan de más de cien subidas de impuestos y de una inflación que actúa como un “impuesto indirecto”, encareciendo la vida diaria de la clase media.
La obligatoriedad de la baliza V16 se percibe como la gota que colma el vaso. Para muchos ciudadanos, un pequeño gasto individual; pero que multiplicado por millones de vehículos, termina convirtiéndose en una cifra millonaria para las arcas publicas. De ahí que el dato de los 300 millones de euros haya calado con fuerza en la opinión pública.
