La obligatoriedad de la baliza V16 se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos del panorama político y del mundo del motor en España. Lo que nació para mejorar la seguridad vial y reducir atropellos en carretera ha terminado derivando en un intenso enfrentamiento entre PP y PSOE, con acusaciones cruzadas sobre el verdadero objetivo de esta normativa.
Desde el Partido Popular denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido una medida de seguridad en una herramienta recaudatoria, con una cifra que ha encendido las alarmas: el Ejecutivo ingresaría más de 300 millones solo por el IVA de la venta de las balizas. El PSOE, por su parte, defiende la necesidad de modernizar la señalización de emergencia y priorizar la protección de los conductores.
3Críticas a la imposición y al carácter no europeo de la norma
Otro argumento que utiliza el PP es que la baliza V16 no es una exigencia de la Unión Europea. De hecho, según denuncian, España será el único país comunitario que obligue a sus conductores a llevar este dispositivo de forma obligatoria. Una singularidad que ha servido de munición política para acusar al Gobierno de actuar de manera unilateral.
Desde el punto de vista del conductor, la circunstancia genera dudas. Muchos se preguntan por qué deben asumir un gasto que no existe en otros países de su entorno; y si realmente la medida se ha planteado con criterios exclusivamente técnicos, o si responde a intereses políticos y económicos.
