La obligatoriedad de la baliza V16 se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos del panorama político y del mundo del motor en España. Lo que nació para mejorar la seguridad vial y reducir atropellos en carretera ha terminado derivando en un intenso enfrentamiento entre PP y PSOE, con acusaciones cruzadas sobre el verdadero objetivo de esta normativa.
Desde el Partido Popular denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido una medida de seguridad en una herramienta recaudatoria, con una cifra que ha encendido las alarmas: el Ejecutivo ingresaría más de 300 millones solo por el IVA de la venta de las balizas. El PSOE, por su parte, defiende la necesidad de modernizar la señalización de emergencia y priorizar la protección de los conductores.
1Una medida de seguridad que nace envuelta en polémica
La baliza V16 está diseñada para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia. Su principal ventaja es que permite señalizar una avería o accidente sin necesidad de salir del vehículo, reduciendo así el riesgo de atropello, uno de los grandes problemas en las carreteras españolas. Además, su conectividad con la DGT 3.0, permite enviar la ubicación del vehículo detenido en tiempo real.
Sin embargo, esta evolución tecnológica no ha llegado exenta de críticas. El hecho de que la baliza sea obligatoria y deba comprarse por parte de los conductores ha generado un fuerte rechazo político y social. Para muchos, la sensación es que se ha impuesto un gasto adicional a millones de ciudadanos en un contexto económico marcado por la inflación y la subida generalizada de precios.
