Un conductor de VTC en Australia pagará 11.500 euros por bloquear las puertas e increpar a una pasajera afgana.
La cifra la fijó un tribunal de Queensland, el estado australiano donde ocurrió todo, y equivale a 20.000 dólares australianos, según la información judicial publicada en Australia. Aquí no hay multa en Australia ni expediente administrativo al uso: es una indemnización civil. El conductor, Jawad Ehrar, dispone de 60 días para pagar y ya no trabaja en la plataforma, porque ha encontrado empleo como ingeniero.
Los hechos se remontan al 30 de abril. Sobre las once de la noche, Ehrar recogió a Kubra Hassani en la estación de tren de Sherwood, al sur de Brisbane, y la llevó hasta su domicilio en Yeronga. Ella volvía de un turno en una firma de cosmética. Un trayecto corto, de barrio a barrio, que se convirtió en otra cosa.
Según el relato que la pasajera sostuvo ante el tribunal, el conductor empezó a gritarle, bloqueó las puertas y pasó de largo por la salida que llevaba a su barrio. Le dijo que era una vergüenza para las mujeres afganas y le preguntó dónde estaban su marido o su hermano.
A eso siguieron comentarios discriminatorios sobre la comunidad hazara y los musulmanes chiíes. También le espetó que una mujer que camina sin cubrirse no tiene sitio en este mundo.
Bloquear las puertas de un coche de madrugada no es un mal servicio: es la frontera entre un trayecto incómodo y una situación sin salida.
Cuando Hassani avisó de que llamaría a la policía, él ya la había dejado en la puerta de su casa. Le contestó que hiciera lo que quisiera y remató con un sé dónde vives.
Las consecuencias están recogidas en la resolución: cinco días sin acudir al trabajo por miedo a repetir el turno de noche, dificultades para dormir, migrañas, pérdida de apetito y de peso, hipervigilancia y pensamientos intrusivos. Un informe psicológico encaja el cuadro en estrés postraumático, depresión y ansiedad, con tratamiento en curso. También cambió de casa: dejó la vivienda de Yeronga porque ya no se sentía segura allí.
Lo que el tribunal dio por probado y lo que descartó
El conductor sostuvo otra versión. Aseguró que fue ella quien se mostró discriminatoria, con comentarios condescendientes y acusaciones infundadas nacidas de un prejuicio contra los pastunes de origen afgano. El tribunal rechazó ese relato: él no aportó nada que lo sustentara, mientras que la pasajera se quejó a la plataforma de inmediato y declaró ante la policía al día siguiente.
La resolución califica la conducta de poco profesional, inapropiada y rayana en la amenaza. Sobre el sé dónde vives, el tribunal entiende que la frase, unida a la insinuación de que ella se equivocaba si creía estar a salvo en Australia, resultaba amenazante y bien podría haber justificado la intervención policial.
Cuánto cuesta un trato así: la cifra, el plazo y las claves
Hassani reclamaba 30.000 dólares australianos, unos 17.300 euros, más 10.000 dólares adicionales, en torno a 5.800 euros, para cubrir gastos médicos futuros. El tribunal fijó la indemnización en 20.000 dólares, es decir, 11.500 euros al cambio actual, con 60 días de plazo para el pago.
- Qué se considera probado: gritos, puertas bloqueadas, comentarios discriminatorios y una amenaza velada al final del trayecto.
- Qué se descarta: la tesis del conductor de que fue la pasajera quien lo discriminó por su origen pastún.
- Qué se compensa: el daño psicológico acreditado, el tratamiento pendiente y el impacto laboral y residencial de lo ocurrido.
Cómo se lee esta resolución desde España
En España, un VTC no es un taxi: opera con precontratación y su actividad está sujeta a autorizaciones autonómicas y municipales. El funcionamiento de este modelo, resumido en la entrada de Wikipedia sobre la plataforma de referencia, parte de una idea simple: el usuario contrata un servicio, no solo un trayecto. De ahí nace una obligación de seguridad que no se agota en llevar el coche de un punto a otro.
Bloquear las puertas, alargar el recorrido a propósito o dirigirse al pasajero con insultos por su origen no es un problema de educación: es un incumplimiento del contrato y, según el caso, una infracción en materia de igualdad de trato que afecta de lleno a los derechos del pasajero. El régimen sancionador español prevé multas que, en los supuestos más graves, llegan a los 500.000 euros.
Para el ciudadano que reclama, el camino habitual es otro. La indemnización por daño moral se decide después, caso por caso y sin tablas cerradas, y los tribunales españoles suelen moverse con criterios más prudentes que la cifra de Queensland. Eso no le resta valor al precedente: la factura de un mal trayecto puede acabar siendo mucho más alta que la del viaje.
El detalle más útil del caso está en la prueba. La queja enviada desde la propia aplicación minutos después del incidente y la declaración ante la policía al día siguiente fueron decisivas para que el tribunal descartara la versión del conductor. Lo escrito en caliente pesa. Y el calendario ya tiene fecha: 60 días para pagar.
