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domingo, 8 febrero 2026

David (54), experto en movilidad: ‘Nos han tomado el pelo y nos han hecho comprar coches con etiquetas medioambientales cuando hay más de 100 ciudades sin activar sus zonas ZBE’

La implantación de las ZBE avanza con cuentagotas en España. Más de 100 ciudades siguen sin activarlas pese a la obligación legal. Los conductores, atrapados entre la normativa y la falta de aplicación real.

Durante los últimos años, las Zonas de Bajas Emisiones se han convertido en uno de los conceptos más repetidos en el discurso sobre movilidad urbana en España. Conductores de todo el país han asumido que las ZBE iban a transformar de forma inmediata la manera de circular por las ciudades, condicionando la compra de vehículos y acelerando decisiones que, en muchos casos, se tomaron por miedo a quedarse fuera del sistema.

Sin embargo, la realidad es mucho más lenta y desigual de lo prometido. “Nos han metido prisa para cambiar de coche, pero la implantación de las ZBE está muy lejos de ser real en la mayoría de ciudades”, denuncia David, experto en movilidad con más de tres décadas de experiencia en planificación urbana y transporte. Sus palabras resumen el sentir de miles de conductores que hoy se preguntan si realmente era necesario adelantar tanto sus decisiones.

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Las ZBE, obligatorias sobre el papel desde 2023

Fuente propia

Las Zonas de Bajas Emisiones son obligatorias por ley desde el 1 de enero de 2023 en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, así como en aquellos de más de 20.000 con problemas de calidad del aire. Así lo establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que fijó un marco claro para reducir la contaminación y cumplir con los compromisos medioambientales adquiridos por España.

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No obstante, dos años después, el despliegue efectivo de las ZBE está muy lejos de lo esperado. Según un estudio elaborado por Bipi con datos del Ministerio para la Transición Ecológica, actualmente existen 109 ciudades que todavía no han activado su zona restringida. Esto supone nada menos que el 66% de las localidades obligadas por ley, una cifra que pone en cuestión la eficacia real de la normativa y genera una evidente sensación de desorden.

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