La escalada del precio de los carburantes ha vuelto a golpear con fuerza el bolsillo de los conductores españoles. En apenas unas semanas, llenar el depósito se ha convertido en un auténtico lujo, impulsado por la tensión internacional y, especialmente, por la guerra en Oriente Medio. El encarecimiento del petróleo ha sido inmediato, trasladándose sin filtros a la gasolina y al diésel, que ya superan en muchos casos la barrera psicológica de los dos euros por litro.
En este contexto, el Gobierno ha reaccionado con un paquete de medidas que, lejos de convencer a todos, ha sido recibido con escepticismo por buena parte del sector del motor. La principal propuesta: reducir el IVA de los carburantes del 21% al 10%. Una decisión que, sobre el papel, pretende aliviar la presión económica, pero que en la práctica muchos califican de insuficiente, casi simbólica.
4Comparación con medidas anteriores
La sensación de “rebaja limosna” se acentúa si se compara con decisiones adoptadas en crisis anteriores. Durante el conflicto en Ucrania, el Gobierno implementó una bonificación directa de 20 céntimos por litro, una medida mucho más visible y efectiva para el consumidor.
En cambio, la actual estrategia apuesta por una rebaja fiscal indirecta, que depende de múltiples factores para trasladarse al precio final. De hecho, el propio diseño del mercado de carburantes hace que no siempre estas reducciones lleguen íntegramente al consumidor, algo que ya ha sido denunciado por asociaciones de consumidores.
