La baliza V-16 ya forma parte del equipamiento obligatorio del coche, y es algo que todos los conductores tenemos que asumir. Pero detrás de este invento se esconde una historia digna de una película de espías, según se desprende de las declaraciones de uno de sus inventores.
Jorge Costas ha sido entrevistado en un programa que se emite en redes sociales, y sus declaraciones no han hecho más que encender la polémica en torno a este dispositivo.
El origen de una idea que cambió la seguridad vial
Los “Jorges”, que es como se llama a los creadores de la baliza de emergencia porque ambos comparten nombre, pensaron en cómo evitar que los conductores murieran atropellados mientras intentaban señalizar que su vehículo estaba averiado.
Su solución fue sencilla pero revolucionaria: una luz magnética que se coloca en el techo del coche sin necesidad de salir de él. Esta idea parecía perfecta y contaba con el apoyo inicial de las instituciones porque solucionaba un problema grave de seguridad vial.
Dedicaron años y esfuerzo a desarrollar este dispositivo. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que el invento empezó a tocar las esferas del poder político. Cuando un proyecto tiene el potencial de convertirse en obligatorio para millones de vehículos, el dinero que hay en juego es inmenso y es ahí donde, según la versión del inventor, empezaron a aparecer los problemas y las peticiones oscuras que hoy están en boca de todos.
La denuncia de las mordidas en el seno del Gobierno
La entrevista en el programa “A pie de calle” ha saltado como una auténtica bomba informativa en el sector del motor y la política. Costas ha relatado de forma muy clara cómo se produjeron esos contactos supuestamente corruptos. Según sus palabras, mientras él intentaba que la baliza V-16 fuera una realidad reconocida por la ley para proteger a los conductores, recibió propuestas de personas vinculadas al entorno del Gobierno. Estas personas le habrían pedido mordidas a cambio de agilizar los trámites legales y asegurar que su invento fuera el elegido para ser obligatorio en todos los coches de España.
El inventor explica que se sintió presionado y muy decepcionado al ver cómo un avance técnico que podía evitar decenas de muertes al año se convertía en moneda de cambio para el enriquecimiento ilícito de unos pocos. La denuncia de Costas pone en duda la limpieza de todo el proceso de implantación de la baliza V-16, y deja una mancha más de sospecha sobre cómo se gestionan las leyes de seguridad vial en los despachos de Madrid.
Cómo afecta este escándalo a la normativa de la DGT
Seguro que te estarás preguntando por qué esto es importante para ti si tú solo quieres cumplir con la ley y llevar tu coche en regla. La cuestión es que las decisiones que toma el Gobierno sobre qué accesorios son obligatorios marcan el mercado. Si el proceso de elección de la baliza V-16 estuvo viciado por peticiones de comisiones ilegales, significa que los plazos y las especificaciones técnicas podrían haberse diseñado para favorecer a ciertas empresas y no necesariamente para ofrecer la mejor tecnología al conductor. Esto genera una desconfianza total en el sistema que decide qué debemos llevar en el maletero o en la guantera.
Jorge Costas afirma que, al no ceder a estas presiones y negarse a pagar esas mordidas, el camino para su empresa se volvió extremadamente difícil. Mientras tanto, otras marcas y modelos empezaron a aparecer en el mercado con mucha más facilidad. El invento que nació de una necesidad real de salvar vidas se vio envuelto en una red de intereses políticos que, según el testimonio de Jorge, priorizan el beneficio personal sobre la seguridad pública.
A pesar de todo este ruido y del escándalo que supone la denuncia de Jorge Costas, la realidad es que la baliza V-16 conectada ya es obligatoria. Sin embargo, este tipo de declaraciones públicas abren un debate sobre la transparencia en la seguridad vial. No podemos permitir que las herramientas destinadas a protegernos en la carretera estén bajo la sombra de la corrupción. El inventor ha decidido hablar ahora para que se sepa la verdad detrás de un proceso que él considera que fue manipulado desde el principio por intereses ajenos a la seguridad de los ciudadanos.
Si no podemos confiar en que una norma de la DGT se ha hecho pensando en la seguridad, se pierde el respeto por las normas de circulación. Por eso, este caso es mucho más que una simple pelea entre un inventor y la administración; es una cuestión de ética pública que nos afecta a todos cada vez que nos ponemos al volante.
