La Unión Europea está pisando el acelerador hacia la movilidad sin emisiones, y lo está haciendo con una decisión que ya hace temblar los bolsillos de millones de conductores. Bruselas prepara un nuevo impuesto que afectará directamente al precio de la gasolina y el diésel a partir de 2027. El objetivo: reducir el uso de combustibles fósiles y empujar con contundencia hacia los vehículos eléctricos.
El problema es que esa estrategia llega en un momento delicado. En España, la edad media del parque automovilístico supera los 14 años y la electrificación avanza a un ritmo mucho más lento del deseado. La mayoría de conductores no pueden permitirse un coche nuevo, mucho menos uno eléctrico. En este contexto, la llegada de un impuesto que podría elevar los carburantes por encima de los 2 € el litro levanta una gran preocupación.
2Una medida con impacto en toda la cadena
El RCDE2 no se limitará a las gasolineras. Afectará a todos los actores que forman parte del suministro de combustibles: distribuidores, almacenistas y proveedores de gasolina, diésel o gas natural. Todos deberán comprar derechos de emisiones para compensar el CO2 generado por los productos que comercializan. Esto puede provocar que muchas empresas pequeñas no puedan absorber los costes y se vean forzadas a cerrar o a fusionarse con grandes grupos.
Ese posible descenso en la competencia puede contribuir a un aumento aún mayor de los precios. Menos empresas y más presión fiscal son una combinación complicada para el conductor medio. La experiencia demuestra que, cuando las barreras de entrada aumentan, el mercado tiende a concentrarse. Todo apunta a que 2027 será un año de cambios significativos.
