A estas alturas, y después de casi un mes con la baliza V16 siendo obligatoria en las carreteras españolas, todos sabemos su funcionamiento y sus carencias. En esta ocasión, no te vamos a hablar de nada de eso, sino de lo que hay detrás de su homologación.
Para ponernos en contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) obliga a llevar en el coche desde el 1 de enero de 2026 una baliza V16 homologada. Es decir, que un laboratorio ha certificado que cumple con todos los requisitos técnicos de la DGT. Por eso, Tráfico tiene publicado un listado con la relación de marcas y modelos que han pasado esa homologación, y junto a cada uno aparece un certificado que comienza por ‘LCOE’ o ‘IDIADA’, seguido de varios números.
Las siglas ‘LCOE’ e ‘IDIADA’ corresponden al laboratorio que homologó cada modelo. Sin ese certificado, las balizas V16 no son válidas y la multa es equivalente a no llevarla (80 euros). La cuestión es que en los últimos días se ha hecho público que los laboratorios que certifican esos dispositivos para la DGT tienen vínculos con la Generalitat de Catalunya.
¿Cómo funciona el sistema para homologar balizas V16?
Empecemos por lo más básico. La DGT no homologa directamente las balizas, sino que son los laboratorios los que hacen ese trabajo. Y después Tráfico reconoce la certificación que acredita si una marca cumple con los requisitos técnicos mínimos o no lo hace. Es un sistema habitual en el ámbito industrial, nada nuevo.
Desde diciembre de 2022, estos laboratorios han certificado más de 200 modelos distintos de balizas V16, según los datos públicos de la propia DGT. Hay fabricantes españoles, europeos y también asiáticos, pues aquí lo único que tienen en cuenta es si cumplen los requisitos.
En concreto, solo hay dos laboratorios que emiten esas certificaciones: Idiada Automotive Technology y el Laboratorio Central Oficial de Electrotenia (LCOE). Los dos son los encargados de conceder o no los informes que permiten a los fabricantes incluir la etiqueta de ‘homologada’ en las balizas V16 que ponen a la venta. Sin ese sello, no son válidas.
Los vínculos de este sistema con la Generalitat
La cuestión que ahora tenemos sobre la mesa es si hay algún interés público detrás de este modelo de homologación. Idiada Automotive Technology es una empresa muy reconocida en el sector de la automoción. Según datos del Registro Mercantil, el 80% de su capital pertenece a Applus Servicios Tecnológicos y el 20% restante, a la Generalitat de Catalunya, a través de la empresa pública Avançsa.
En 2024, Applus ganó el contrato para gestionar Idiada por 428 millones de euros durante 25 años. La Generalitat informó entonces de que esta operación, a la que bautizó como «la principal operación patrimonial de la historia del Govern», generará ingresos superiores a 800 millones de euros, sumando dividendos, cánones actuales y otros conceptos.
El segundo laboratorio, LCOE, pertenece a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, una entidad sin ánimo de lucro vinculada a la Universidad Politécnica de Madrid. En este caso, hay una relación indirecta, pues la fundación es socia de la Generalitat en otra empresa del sector, como es el Centro de Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS). Ambas poseen un 5% del capital, según datos mercantiles del cierre de 2024.
¿Significa esto que las homologaciones no sean válidas o que haya automáticamente interferencias políticas? En absoluto, y no debemos darlo por sentado. Simplemente, se ha encontrado una relación entre los dos únicos laboratorios que homologan las balizas y el gobierno de la Generalitat que hoy preside Salvador Illa. Sin ningún conflicto de intereses por medio, de momento.
