Las balizas V-16, llevan meses siendo tema de conversación, e incluso polémica. Su llegada obligatoria y la forma en que se han gestionado ha generado una controversia tan grande que incluso FACUA denunció hace unas semanas que la DGT está promoviendo un fraude masivo.
La entidad se encuentra en el ojo del huracán, acusada de negligencia y de haber provocado un caos regulatorio que ha beneficiado a unos pocos y ha perjudicado a muchísimos conductores. Y su director general, Pere Navarro, ha querido salir al paso con una respuesta un tanto inesperada, implicando al Tribunal Supremo en el asunto.
La denuncia de FACUA: Un fraude a millones de conductores
Cuando la DGT anunció el cambio de normativa, millones de conductores empezaron a comprar las balizas V-16 que estaban disponibles en el mercado y que, en ese momento, eran legales. El problema, según FACUA, es que la DGT no informó de manera clara de que estas balizas simples tendrían fecha de caducidad. Los usuarios compraron un dispositivo pensando que les serviría para siempre, o al menos por un largo periodo, y ahora se encuentran con que, en 2026, serán obligados a comprar la versión conectada si quieren cumplir con la ley.
FACUA considera que esta situación es un fraude a los consumidores y una trampa que ha llevado a millones de personas a gastar dinero en un producto que no servirá para el fin que se le dio. La asociación señala directamente a la DGT por esta gestión, y por haber permitido que se vendieran de forma masiva dispositivos que caducarán el 1 de enero.
Ante esta situación, FACUA ha recomendado a los conductores que adquirieron una de estas balizas que reclamen la devolución de su dinero por no haber sido debidamente informados sobre las características reales del dispositivo. Se apoyan en varios artículos de la Ley de Consumidores para probar que ha habido competencia desleal y ocultación de información importante para los compradores.
La DGT culpa al Tribunal Supremo
Cuando un organismo público es denunciado por una supuesta mala gestión, lo habitual es que defienda su posición con argumentos técnicos o legales sobre los beneficios de la nueva normativa. Sin embargo, la respuesta del director de la DGT ha sido, cuanto menos, sorprendente y ha generado un debate aún mayor.
Pere Navarro no ha asumido la responsabilidad de la DGT en la posible desinformación a los conductores ni ha ofrecido una solución compensatoria. En su lugar, ha optado por desviar la responsabilidad al Tribunal Supremo.
Su argumento es que la DGT tenía una idea inicial para la transición a las balizas, pero que una sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo permite que los fabricantes siguieran vendiendo dispositivos no conectados, cuyo uso sería legal hasta enero de 2026. Según Pere Navarro, la DGT quiso evitar que se pudieran vender dispositivos no conectados. También se defiende de la medida del Supremo alegando que desde el primer momento, la DGT recomendó a los usuarios mirar la lista oficial de dispositivos homologados en su página web.
Al achacar la responsabilidad a una decisión judicial, la DGT intenta eximirse de la culpa en la gestión de la comunicación y de las consecuencias económicas para el conductor. Según Navarro, si el Tribunal Supremo no hubiera intervenido, las únicas balizas que se podrían encontrar en el mercado estarían conectadas con la plataforma DGT 3.0.
FACUA ve la explicación insuficiente
Ante estas alegaciones, FACUA ha respondido que no basta solo con decir que se consulte la página. Asegura que, al incluir en sus cajas de balizas no conectadas el logotipo de la DGT, el máximo organismo de Tráfico no ha hecho nada para frenar este fraude masivo. Denuncia que siga estando en silencio mientras que otros se están haciendo de oro a costa de los consumidores con un producto que se anuncia como homologado por la DGT.
Esta denuncia de FACUA contra la DGT por el fraude de las balizas V-16 es un asunto de gran calado que sienta un precedente sobre cómo la administración pública debe gestionar la implantación de nuevas tecnologías de seguridad vial. La defensa de Pere Navarro, culpando al Tribunal Supremo, añade una capa de complejidad a la polémica y subraya la división entre las instituciones.
En cualquier caso, el tiempo corre y la fecha límite del 1 de enero de 2026 está a la vuelta de la esquina. La ley exige que a partir de esa fecha tengas un dispositivo de preseñalización de peligro válido. Da igual si la DGT acepta su responsabilidad o no en el caso de las balizas que no van a servir.
