La apuesta por la movilidad sostenible se le ha atragantado a Correos. La empresa pública, que en los últimos años ha impulsado la electrificación de su flota con bicicletas, motos eléctricas y vehículos de cero emisiones, decidió incorporar también patinetes eléctricos para agilizar los repartos en zonas urbanas. La idea parecía sencilla: vehículos ligeros, rápidos, eficientes y perfectos para calles peatonales donde una furgoneta o una moto no pueden entrar con facilidad.
Sin embargo, lo que pretendía ser un paso más hacia una logística más limpia se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. Problemas legales, dudas sobre la normativa de la DGT, quejas de los propios trabajadores y dificultades de uso han generado un lío monumental del que Correos intenta salir mientras analiza qué hacer con los patinetes ya adquiridos.
3El problema legal: no todos los patinetes sirven para el reparto
A la falta de aceptación interna se sumó un punto aún más delicado: la normativa de la DGT aplicada a los patinetes eléctricos. Los vehículos adquiridos por Correos deben cumplir requisitos muy concretos para poder circular legalmente por la vía pública: luces, reflectantes, velocidad limitada, certificación de fabricante, sistemas de frenado y, desde hace poco, homologación obligatoria según la norma UNE-EN 17128.
Algunas unidades recibieron patinetes que no estaban homologados bajo esta normativa, lo que generó dudas sobre su legalidad. De hecho, algunos trabajadores reportaron que los agentes de policía local les habían advertido de que esos patinetes no cumplían con el certificado VMP necesario para circular a partir de 2024.
Esto abrió un dilema mayor: si un patinete no está homologado y un cartero sufre un accidente, ¿quién responde? ¿El trabajador? ¿La empresa? ¿El proveedor del patinete? La confusión normativa y la responsabilidad legal se convirtieron en un auténtico laberinto que paralizó su uso en varias provincias.
