La baliza V16 nació con la promesa de mejorar la seguridad vial y de convertirse en el gran relevo de los triángulos de emergencia. Un pequeño dispositivo luminoso, conectado y fácil de usar, que debía marcar un antes y un después en las carreteras españolas. Sin embargo, lo que empezó como una solución tecnológica ha terminado convirtiéndose en un foco de polémica que ya trasciende el ámbito del motor.
En los últimos días, el debate ha dado un salto cualitativo tras las declaraciones del abogado Xavi Abat, que apunta directamente a un posible escándalo judicial en torno a la comercialización de la baliza. Sus palabras, apoyadas en declaraciones públicas de uno de los fundadores del producto, han encendido las alarmas y han puesto en cuestión tanto el proceso de implantación como las cifras económicas que rodean a este dispositivo.
3El papel de la DGT y las preguntas incómodas
Uno de los puntos más sensibles del discurso de Abat es el papel que ha jugado la DGT en todo este proceso. El abogado se pregunta abiertamente si el organismo que dirige Pere Navarro conocía en profundidad las circunstancias económicas y empresariales que rodeaban a la baliza V16 desde sus inicios.
La cuestión no es menor. La obligatoriedad de la baliza ha generado un mercado cautivo, en el que millones de conductores se verán obligados a adquirir un dispositivo concreto para cumplir la ley. Para Abat, este escenario exige el máximo nivel de transparencia, ya que cualquier irregularidad podría afectar no solo a las empresas implicadas, sino también a la credibilidad de la administración pública en materia de seguridad vial.
