El gobierno aprobó a mediados del mes de marzo una serie de medidas fiscales para aliviar la crisis energética que ha provocado el conflicto en Oriente Medio y contener la subida en el precio de la gasolina y el diésel. Así que todas las estaciones de servicio están obligadas a mostrar esa información y, por supuesto, a aplicar el descuento.
La única intención de la norma es que el conductor sepa qué medidas están en vigor, hasta qué fechas y qué parte del precio está afectada por las decisiones fiscales. A diferencia de lo que ocurrió cuando estalló la invasión rusa de Ucrania, las medidas que ha aprobado el gobierno afectan a la parte de los impuestos y no es una bonificación directa por litro de combustible.
Carteles obligatorios en las gasolineras: ¿qué deben mostrar?
Todas las estaciones de servicio deben dar visibilidad a las rebajas fiscales que ha aplicado el gobierno a los carburantes, aunque simplemente para asegurarse de que todos los conductores están informados de las nuevas normas y de la bajada de los precios, por sutil que sea.
Entre las medidas que ha aprobado el ejecutivo, encontramos que el IVA de la gasolina y el diésel ha bajado del 21% al 10% y también que el impuesto especial sobre hidrocarburos se ha reducido hasta el mínimo que permite la normativa europea. Las dos medidas afectan directamente al precio del combustible en el surtidor, al menos en la teoría.
Las gasolineras pueden informar como consideren, aunque también hay un modelo oficial que ha elaborado la Agencia Tributaria (en la imagen superior) con los datos básicos que deben aparecer en la información. Aunque es cierto que no todos los conductores se manejan con la misma soltura con ciertos conceptos fiscales.
El gobierno controlará más a las gasolineras a partir de ahora
No es que el gobierno haya aprobado estas medidas y se lave las manos con lo que pueda ocurrir a partir de ahora, sino que ha reforzado el control sobre el sector. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMC) tendrá más herramientas para controlar la evolución de los precios en las estaciones de servicio.
Es decir, que las empresas del sector deberán presentar regularmente datos detallados con precios de compra, de venta, volúmenes y costes para analizar cómo se está comportando el mercado. Durante al menos 3 meses, las grandes petroleras con refinerías en España —Repsol, BP, Moeve y Galp—tendrán que enviar estos datos cada semana sobre lo que venden en sus propias estaciones y también a terceros.
El fin de la norma es detectar posibles desviaciones e infracciones. Si los precios suben más de lo que justificarían los costes, o si los márgenes crecen de manera anómala, la CNMC puede intervenir. Además, está previsto que el organismo elabore un informe sobre el funcionamiento del mercado antes del próximo verano.
En caso de incumplimiento, el gobierno plantea multas de hasta 6 millones de euros para así evitar prácticas ilegales y que las grandes empresas aumenten sus beneficios a costa de subir el precio del combustible a los conductores en un momento vulnerable. Además, FACUA ya ha denunciado que 1 de cada 4 gasolineras ha aprovechado ya la rebaja del IVA al 10% para aplicar una subida de precios.
Por ejemplo, en el caso del diésel, 2.337 gasolineras de las 9.255 de la península y Baleares no trasladaron esa bajada y aplicaron un nuevo incremento. Y en cuanto a la gasolina, 1.837 de las estaciones que comunicaron nuevos precios justo después de la entrada en vigor de la norma del gobierno, aplicaron una nueva subida. Algunas absorbieron por completo la reducción fiscal y otras incrementaron el precio con respecto a los últimos datos.
