Las autopistas de peaje españolas están en un momento delicado. Una reciente sentencia judicial ha puesto en jaque a varias concesionarias: reconoce el derecho de los conductores a reclamar el dinero pagado en tramos donde no se garantizó la fluidez ni la seguridad de la circulación. Una situación que podría derivar en consecuencias millonarias para las empresas explotadoras.
Durante décadas, el sistema de peaje ha sido fundamental para financiar la construcción y mantenimiento de la red viaria sin que el Estado tuviera que asumir el coste total. Pero el pago por uso se enfrenta a un nuevo escenario legal y social. Los conductores, cada vez más informados y organizados, reclaman lo que consideran justo: no pagar por un servicio que no se presta correctamente.
6Peajes en España: un modelo en revisión
Todo ello ocurre en un momento de cambio profundo para las infraestructuras españolas. El Gobierno lleva años debatiendo un nuevo sistema de financiación de carreteras basado en el pago por uso, similar a otros países europeos. Sin embargo, la polémica judicial y el rechazo social hacia los peajes podrían trastocar esos planes.
La sentencia lo deja claro: el peaje no puede entenderse como un impuesto encubierto, sino como el pago por un servicio que debe prestarse con garantías. Si el conductor no puede circular con normalidad, no tiene por qué pagar. O las autopistas españolas adaptan su modelo a la nueva realidad, o verán cómo los conductores y los tribunales les obligan a hacerlo.
