Las autopistas de peaje españolas están en un momento delicado. Una reciente sentencia judicial ha puesto en jaque a varias concesionarias: reconoce el derecho de los conductores a reclamar el dinero pagado en tramos donde no se garantizó la fluidez ni la seguridad de la circulación. Una situación que podría derivar en consecuencias millonarias para las empresas explotadoras.
Durante décadas, el sistema de peaje ha sido fundamental para financiar la construcción y mantenimiento de la red viaria sin que el Estado tuviera que asumir el coste total. Pero el pago por uso se enfrenta a un nuevo escenario legal y social. Los conductores, cada vez más informados y organizados, reclaman lo que consideran justo: no pagar por un servicio que no se presta correctamente.
4Otros peajes en el punto de mira
El fallo judicial no solo afecta a la AP-9. Otras vías, como la AP-66 (el Huerna) entre León y Asturias, podrían verse en la misma situación. Durante años, la autopista ha sufrido desprendimientos y cortes de tráfico que han obligado a desviar la circulación o reducir drásticamente la velocidad. Aun así, los conductores han seguido pagando peaje.
Si se aplican los mismos criterios que en el caso gallego, la concesionaria del Huerna también podría verse obligada a devolver parte del importe cobrado. Y lo mismo podría suceder con otras carreteras de peaje con cierres parciales, obras prolongadas o atascos frecuentes. Los usuarios que conserven los tickets podrían tener derecho a reclamar devoluciones.
