Las autopistas de peaje españolas están en un momento delicado. Una reciente sentencia judicial ha puesto en jaque a varias concesionarias: reconoce el derecho de los conductores a reclamar el dinero pagado en tramos donde no se garantizó la fluidez ni la seguridad de la circulación. Una situación que podría derivar en consecuencias millonarias para las empresas explotadoras.
Durante décadas, el sistema de peaje ha sido fundamental para financiar la construcción y mantenimiento de la red viaria sin que el Estado tuviera que asumir el coste total. Pero el pago por uso se enfrenta a un nuevo escenario legal y social. Los conductores, cada vez más informados y organizados, reclaman lo que consideran justo: no pagar por un servicio que no se presta correctamente.
3La AP-9 y la sentencia que puede cambiarlo todo
La polémica está en Galicia, concretamente en la autopista AP-9, que une Ferrol y Vigo. La empresa concesionaria, Autopistas del Atlántico (Audasa), realizó obras de ampliación en el puente de Rande (Vigo) entre 2015 y 2018. Durante ese tiempo, la DGT registró más de 200 retenciones significativas. En más de 80 de ellas, los conductores estuvieron parados más de media hora.
A pesar de las incidencias, la concesionaria siguió cobrando el peaje con normalidad. Alegando que estaban cobrando por un servicio que no prestaban adecuadamente, varios conductores denunciaron la situación. Y el tribunal les ha dado la razón: no se puede exigir el pago de un peaje si el derecho a circular con fluidez y seguridad no está garantizado. Una sentencia que sienta un precedente que podría extenderse a otras autopistas del país.
