Las autopistas de peaje españolas están en un momento delicado. Una reciente sentencia judicial ha puesto en jaque a varias concesionarias: reconoce el derecho de los conductores a reclamar el dinero pagado en tramos donde no se garantizó la fluidez ni la seguridad de la circulación. Una situación que podría derivar en consecuencias millonarias para las empresas explotadoras.
Durante décadas, el sistema de peaje ha sido fundamental para financiar la construcción y mantenimiento de la red viaria sin que el Estado tuviera que asumir el coste total. Pero el pago por uso se enfrenta a un nuevo escenario legal y social. Los conductores, cada vez más informados y organizados, reclaman lo que consideran justo: no pagar por un servicio que no se presta correctamente.
2La era dorada de las autopistas y el desgaste del modelo
Durante los años 80 y 90, España vivió el gran auge de las autopistas de peaje. Se multiplicó la construcción de nuevos tramos, y los conductores se acostumbraron a pagar por circular más rápido y con mayor seguridad. Pero, con el tiempo, el modelo fue perdiendo popularidad, sobre todo a medida que caducaban las concesiones y el Estado decidía liberar algunas vías.
El debate sobre la utilidad del peaje nunca ha desaparecido. Muchos conductores consideran injusto tener que pagar por usar carreteras que ya están amortizadas; mientras, por su parte, las empresas defienden que los costes de mantenimiento y modernización justifican las tarifas. Pero una reciente sentencia judicial podría romper el equilibrio y obligar a replantear todo el sistema.
