Las autopistas de peaje españolas están en un momento delicado. Una reciente sentencia judicial ha puesto en jaque a varias concesionarias: reconoce el derecho de los conductores a reclamar el dinero pagado en tramos donde no se garantizó la fluidez ni la seguridad de la circulación. Una situación que podría derivar en consecuencias millonarias para las empresas explotadoras.
Durante décadas, el sistema de peaje ha sido fundamental para financiar la construcción y mantenimiento de la red viaria sin que el Estado tuviera que asumir el coste total. Pero el pago por uso se enfrenta a un nuevo escenario legal y social. Los conductores, cada vez más informados y organizados, reclaman lo que consideran justo: no pagar por un servicio que no se presta correctamente.
1Los orígenes del peaje en España: concesiones y promesas
El sistema de peajes en España nació a finales de los años 60, con la construcción de la A-19 entre Montgat y Mataró (Cataluña). La idea era clara: financiar las nuevas autopistas mediante el pago directo de los usuarios, sin que el Estado tuviera que endeudarse para levantar grandes obras públicas. En 1972 se aprobó la primera legislación que regulaba esta modalidad.
Desde entonces, el modelo se ha ido repitiendo. El Estado licita la construcción de una autopista y concede su explotación a la constructora durante un tiempo determinado, generalmente entre 20 y 25 años. A cambio, la empresa puede cobrar un peaje a los conductores como compensación por la inversión realizada. Con los años, muchas de esas concesiones fueron prorrogadas, lo que generó un extenso mapa de autopistas de peaje.
