En los últimos años, los ayuntamientos de pequeñas poblaciones han encontrado una nueva forma de incrementar sus ingresos mediante el uso de radares de velocidad. Lo que inicialmente era una herramienta para garantizar la seguridad vial, se ha transformado en una estrategia recaudatoria que afecta principalmente a los conductores locales.
Este fenómeno, que podría parecer insignificante en comparación con las grandes ciudades, ha generado una notable controversia en estos municipios. Los ayuntamientos se ponen las botas.
1La proliferación de radares en pequeños ayuntamientos
En muchas pequeñas localidades, la instalación de radares de velocidad ha crecido de manera exponencial. Lo que en un principio era una medida de control para evitar el exceso de velocidad y garantizar la seguridad de los habitantes, se ha convertido en una táctica para aumentar los ingresos municipales. A diferencia de las grandes ciudades, donde el tráfico es denso y la necesidad de control es mayor, en los pueblos con menor cantidad de vehículos, esta práctica resulta desproporcionada.
Por ejemplo, en Boadilla del Monte, una población madrileña de 64,000 habitantes, se han instalado tres radares de velocidad, uno fijo y dos móviles. Estos radares no solo son numerosos, sino que se colocan estratégicamente para captar la mayor cantidad de infracciones posible por parte del ayuntamiento. La ausencia de señalización adecuada en los primeros meses de su instalación resultó en una avalancha de multas, alcanzando cifras tan altas como 58 multas en una hora.
